La mejora regulatoria a través de sus distintas políticas, programas, instrumentos, instituciones y herramientas permite mejorar la calidad de las leyes y las regulaciones en general, así como eliminar trámites innecesarios o simplificar los pertinentes, de tal manera que los beneficios de estos superen a sus costos de cumplimiento, generando con ello, bienestar social.
El 5 de febrero de 2017 el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora regulatoria, reforma que se llevó a cabo tanto en su parte dogmática, como en su parte orgánica.
Efectivamente, en el Capítulo I – De los Derechos Humanos y sus Garantías, se reformó el artículo 25 para establecer en su último párrafo que “las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”. En ese sentido, el poder reformador de la constitución en México transformó la política gubernamental de mejora regulatoria, en una política del Estado mexicano, como un derecho humano universal, interdependiente, indivisible y progresivo, oponible ante todas las autoridades del país.
Por otro lado, en esa misma fecha se reformó por adición de la fracción XXIX-Y en su parte orgánica el artículo 73 de nuestra Carta Magna para dotar de facultad al Congreso de la Unión a fin de expedir la ley secundaria de la materia, i.e., de “la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria”.
Posteriormente, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que fue promulgada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina del día 18 de mayo de 2018.
La Ley General de Mejora Regulatoria tiene 93 artículos agrupados en 4 títulos y 12 artículos transitorios. Esta ley es de orden público, y por lo tanto sus disposiciones son irrenunciables. Es de observancia general en todo la República mexicana en materia de mejora regulatoria. Establece como excepción de su aplicación a las materias: (i) de carácter fiscal, pero sólo tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas; (ii) responsabilidades de los servidores públicos; (iii) al Ministerio Público, y (iv) los actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
La Ley General de Mejora Regulatoria establece principios, bases y obligaciones para todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios.
La Ley General de Mejora Regulatoria establece en sus artículos transitorios que el decreto que contiene la expedición de dicha ley inicia su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, i.e., el día 19 de mayo de 2018. Sin embargo, también establece algunas otras fechas máximas en las cuales autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán de implementar determinadas acciones y cumplir con ciertos hitos que establece dicha legislación. Entre las acciones referidas en los transitorios y sus fechas máximas se encuentran: (i) la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria en agosto de 2019; (ii) la emisión de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en septiembre de 2019; (iii) la formalización del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria dentro de los seis meses siguientes a la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, y (iv) la homologación de las leyes de mejora regulatoria de las entidades federativas a la Ley General de la materia para mayo de 2019.
En ASDEC tenemos el conocimiento técnico, la capacidad y experiencia probada derivada de años de trabajo en el sector público diseñando políticas, programas y herramientas de la mejora regulatoria. Específicamente entre nuestros especialistas se encuentran los principales autores de la reforma constitucional y de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como de la implementación de los programas como el de Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria que permitió pilotear, probar y refinar en toda la República mexicana los programas, las políticas y herramientas de la mejora regulatoria y que establece la Ley General de Mejora Regulatoria.